Con la intención de seguir cimentando el principio de paridad de género en los tres poderes y en las instituciones estatales, las diputadas del Grupo Parlamentario del PAN en la 60 Legislatura estatal Brenda Escamilla Sámano y Karla Fiesco García propusieron que la elección de la presidenta o presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México se realice alternadamente entre mujer y hombre, y no pueda ser elegido ningún magistrado o magistrada del mismo género que el de su antecesor.
En sesión del Sexto Periodo Ordinario, Brenda Escamilla, quien dio lectura a la iniciativa, explicó que, por otro lado, para el Poder Ejecutivo se plantea que la designación de los titulares de sus dependencias atienda el principio de paridad de género, por lo que el 50% de los cargos deberán ser ocupados por mujeres y 50% por hombres, en tanto que para el Legislativo se propone alternar entre géneros, por cada periodo ordinario de sesiones, la elección de la presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura.
Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia, la propuesta sostiene que “México debe cambiar, las instituciones deben cambiar, el ejercicio del poder debe cambiar. Sólo así viviremos la igualdad, el respeto y la solidaridad de las que a diario hablamos, y sólo así podremos construir el tan anhelado bien común que nos permita vivir con dignidad en sociedad”.
Recuerda también que las victorias en favor de la equidad, la igualdad y la paridad de género no se lograron de la noche a la mañana, “representaron años de lucha de mujeres valientes que tuvieron que soportar la intolerancia social, la incomprensión, la violencia constante. Ahora mismo, las mujeres seguimos siendo asesinadas, vulneradas, minimizadas en nuestro talento, se cuestiona nuestra vocación de servicio, nuestra vida personal, nuestro compromiso social, se nos discrimina en forma constante”.
Conforme al proyecto de decreto respectivo, se plantean modificaciones a las leyes orgánicas del Poder Judicial, de la Administración Pública y del Poder Legislativo, todas del Estado de México, además, armonizar la aplicación de un lenguaje visible de género en cada una de ellas, todo con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a cargos de decisión en las más altas posiciones de cada poder sin violentar los principios democráticos en las instituciones mexiquenses.
